La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, denuncia a través del digital h50 una grave agresión de un interno a trabajadores del Centro Penitenciario de Soto del Real. Un interno del módulo de Aislamiento, clasificado en primer grado, muy conflictivo y peligroso, se disponía a iniciar protocolo para salir al Hospital. En el momento del cacheo reglamentario, por si llevara algún tipo de objeto prohibido, sin mediar palabra ha empezado a propinar puñetazos y patadas, alcanzando gravemente a dos funcionarios en la cara y en la cabeza y a un tercero al que también golpea con fuerza, diciéndoles “os voy a matar”.
Tras la agresión, los funcionarios han quedado conmocionados, el interno seguía golpeándolos, pero con gran esfuerzo y extrema profesionalidad han conseguido reducir al interno, que presentaba una resistencia brutal y seguía amenazándolos con matarlos.
Los tres funcionarios tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro y dos de ellos derivados a urgencias para el tratamiento de las lesiones producidas por el interno.
Desde APFP desean su pronta recuperación a los compañeros agredidos exigiendo la inmediata conducción extraordinaria del interno por parte de la Dirección y denuncian las pésimas condiciones laborales a las que se ven sometidos por una Administración que mira para otro lado ante estos graves hechos.
“Éstas son las consecuencias del “buenismo” de la Secretaría General y del Ministerio del Interior, cada vez más agresiones y menos respeto al ordenamiento jurídico y a la figura del
funcionario de prisiones que carece de la condición de agente de la autoridad. Condición que prometió el PSOE realizando una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria y que sigue
sin materializarse, a pesar de la necesidad.
APFP reclama al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; el reconocimiento de profesión de riesgo; adecuación de los
medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las
agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros/as de Cataluña, bajo el lema “IGUAL trabajo IGUAL salario”.
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