Un trabajador del Centro Penitenciario de Almería tuvo que ser derivado a urgencias este jueves tras ser víctima de una violenta agresión a manos de un interno durante el momento de la apertura de celdas en el turno de tarde. El suceso ha sido denunciado tanto por el sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP ) como por Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), quienes han vuelto a poner de manifiesto la falta de seguridad en las instalaciones.
Según han informado las asociaciones sindicales, el agresor es un recluso de origen senegalés que había ingresado en el penal almeriense el pasado 14 de marzo y que ya estaba señalado por su peligrosidad, al contar entre sus presuntos delitos con atentado contra agente de la autoridad. Los hechos se desencadenaron cuando el interno se abalanzó de forma sorpresiva sobre el funcionario, propinándole puñetazos en la cara y en el cuerpo con extrema violencia.
El trabajador logró zafarse lo suficiente para alertar a los jefes de servicio y otros compañeros, que tuvieron que intervenir para reducir al preso, una tarea complicada debido a la fuerte resistencia que opuso antes de ser finalmente trasladado al módulo de aislamiento. A causa del ataque, el funcionario sufrió diversos traumatismos, heridas en nariz y barbilla y una luxación de hombro.
Los sindicatos han puesto el foco en la falta de atención sanitaria in situ. APFP ha señalado que el trabajador tuvo que desplazarse al hospital al carecer el centro de asistencia médica presencial, contando únicamente con cobertura telemática; por su parte, TAMPM asegura que en el momento de la agresión el centro no disponía de médicos ni de servicio de telemedicina.
Reivindicaciones de las plantillas
Tras condenar los hechos y desear una pronta recuperación a su compañero, ambas formaciones han reiterado sus reclamaciones históricas a la administración,
El sindicato APFP lamenta que las plantillas no disponen ni de la formación ni de los medios necesarios para hacer frente a las constantes agresiones que sufren en las cárceles. Asimismo, han vuelto a exigir que el colectivo sea considerado legalmente como agente de la autoridad.
Desde TAMPM se ha solicitado a la dirección del centro penitenciario el traslado inmediato del interno atacante a otra cárcel. Al mismo tiempo, instan al Ministerio del Interior y al Gobierno central a que se agilice la tramitación para dotarles de autoridad y exigen que su trabajo sea catalogado oficialmente como profesión de riesgo.
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