APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Sin ser agentes de la autoridad estamos desprotegidos ante las agresiones

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El aumento de las agresiones físicas y verbales a funcionarios de prisiones en estos primeros días del nuevo año 2022 ha hecho que estos trabajadores públicos hayan decidido alzar la voz para denunciar la precaria situación el que se encuentran y los frentes que actualmente tienen abiertos contra sus superiores, viejas reivindicaciones que hoy por hoy cobran más fuerza tras las evidencias del incremento de ataques y del peligro que supone esta profesión.

Rafal Paniza, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) señala en una entrevista en la SER que son muchas las necesidades pendientes pero prioritario es que se sepa que “sin ser agentes de la autoridad estamos desprotegidos ante las agresiones” desde el punto de vista legal. La entrevista, al completo, la puede escuchar a continuación.

Rafa Paniza (APFP): Sin ser agentes de la autoridad estamos desprotegidos ante las agresiones

“La política penitenciaria del actual Gobierno central, más preocupada de sacar órdenes que limitan nuestras actuaciones. está provocando que nos sintamos atados de manos a la hora de trabajar en tan inhóspito lugar y los profesionales coincidamos en la enorme dificultad que está extrañando para mantener el buen orden regimental” denuncian desde APFP. “La desmotivación y el desánimo reina en las plantillas y si sigue esta política podemos llegar a una situación muy difícil de controlar” añade Paniza.

“La realidad es que trabajar en un Centro Penitenciario es de las tareas más difíciles que se pueden realizar y para llevarla a cabo se necesita la protección y apoyo tanto de los mandos directivos de cada centro como de nuestros dirigentes”, añaden desde este colectivo profesional.

“Hacen falta muchas mejoras en la Institución Penitenciaria, mejoras drásticas que nos permitan trabajar con todas las garantías. No quepa la menor duda que el trabajo de los centros penitenciarios influye posteriormente en la sociedad y debemos ofrecer un servicio público de calidad”, según detalla.

“Este tipo de actuaciones además del peligro que puede suponer para la vida e integridad física de los funcionarios, suponen una importante cuantía económica en forma de destrozo de las instalaciones por lo que se debería remitir al juzgado tales daños para sean satisfechos por el interno”, concluye el portavoz.

https://cadenaser.com/emisora/2022/01/16/ser_malaga/1642322136_887900.html

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