APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Nueva agresión a un funcionario durante el puente en Villahierro

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Un recluso del módulo 10 del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro agredió ayer a un funcionario del establecimiento, que sufrió tres cortes en la cara tras conminarle en vano a que entrara en su celda para el recuento de las 14.00 horas.

La jornada resultó intensa en la prisión, puesto que por la mañana se había producido una pelea de varios reclusos. Fuentes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) achacaron la escalada en la tensión al hecho de que se entregase este fin de semana toda la medicación junta a los presos, por ser puente. Esta circunstancia suele ser fuente de problemas.

Los hechos se produjeron en torno a las 14.00 horas. El recluso no es un joven especialmente problemático, pero decidió hacer caso omiso de la indicación de entrar a su celda y obligó a intervenir al funcionario para disuadirlo.

En el transcurso del forcejeo, el autor de la agresión propinó un puñetazo en el cuello al profesional, que sufrió tres cortes con un elemento metálico que portaba el agresor.

Agentes de la autoridad

APFP solicita que se ponga fin a este tipo de agresiones, para lo cual se necesita conferir la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios, para evitar que las penas que imponen los jueces a los autores de estas actuaciones sean meramente testimoniales. También reclama el sindicato que se dote a los funcionarios de pistolas Táser para el desempeño de sus funciones.

Los funcionarios reclaman atención del Ministerio del Interior para que rebaje el clima de alta tensión que se vive en las prisiones. Según los sindicatos mayoritarios, «el 90% de las agresiones que se registran en la Administración General del Estado es de prisiones». De los 24.346 puestos de trabajo oficiales (RPT) en toda España, hay 3.287 vacantes, un 13,5% de la plantilla.

Las prisiones con más violencia son las de Córdoba, Valencia y Soto del Real, según datos recabados por APFP. Los datos de incidentes y agresiones en las cárceles españolas no son públicos y los sindicatos aseguran que están muy cocinados.

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