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por uno estatuto proprio para prisiones

Los funcionarios de Villahierro celebran pasar a ser agentes de la autoridad

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El grueso de los grupos parlamentarios del Congreso han respaldado este martes la tramitación de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, aunque entre críticas del PP, Vox y Ciudadanos por la demora en su presentación y porque consideran que la propuesta es “insuficiente” y no es más que un “parche”.

La ausencia de dicho nombramiento a día de hoy, “hace que la gran mayoría de las agresiones sufridas por los trabajadores de prisiones queden impunes. Con este cambio, los trabajadores de prisiones esperamos que se reduzcan las agresiones físicas que actualmente sufrimos en los centros, una cada 36 horas”, señaló desde Acaip León Félix Alonso.

“Es muy importante que el interno no tenga la sensación de impunidad ante un acto violento hacia los trabajadores penitenciarios”, dijo Alonso. Otro aspecto importante que introduce el proyecto de ley, que hoy inicia su trámite parlamentario, es que “la Administración se haga cargo de las indemnizaciones a los trabajadores penitenciarios que hayan sido impuestas judicialmente y que no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo así al trabajador penitenciario a una doble agresión, la física en primer lugar y la económica en segundo”.

Aun siendo una gran noticia, “la falta de seguridad, la cobertura de las plazas vacantes en las cárceles españolas, así como un reconocimiento salarial digno, siguen siendo demandas exigidas por los trabajadores penitenciarios a día de hoy”, explicó Alonso.

Manuel Fernández, de ‘Tu abandono me puede matar’, recuerda que desde julio de 2020 ya se había abordado la posibilidad de la reforma. “Esperamos que no quede olvidado y nos congratulamos de que por fin se nos considere funcionarios con condición de agentes de la autoridad. A efectos de trabajo será lo mismo, pero ante una agresión los reclusos se lo pensarán porque les comportará un aumento de los años de cárcel”.

No obstante, hay temor desde los sindicatos a que Instituciones Penitenciarias coarte los derechos de representación de los trabajadores. “Esperemos que no sea una cortina de humo contra la alta media de edad de las plantillas y la escasa formación. Lo que sí está claro es que realizaremos esa misión que tanto necesita la sociedad”, indicó Fernández.

Fernando Martínez (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones), habló en la misma línea: “Se aprueba su tramitación en el Congreso de los Diputados. Pero no olvidemos que esto es sólo una parte de nuestra lucha, una parte de los derechos que debemos y tenemos que recuperar”. Habló de satisfacción: ,”Estamos muy contentos porque después de cinco año, hemos conseguido lo que veníamos reivindicando. Se va a intentar minimizar las agresiones porque pueden comportar penas de hasta tres años y así muchas de ellas harán que los internos se lo piensen dos veces. Seguiremos reivindicando formación, plantilla, uniformes y dignidad y justicia salarial”.

El PSOE, a través de su portavoz de Interior, David Serrada, ha pedido apoyo para la toma en consideración de una vieja y “justa” demanda del colectivo de funcionarios de prisiones, a cuyos representantes sindicales, que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, ha prometido que no les van a fallar.

En concreto, esta reforma legal plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, “a efectos legales”, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla “resarcir económicamente” a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo.

Una iniciativa que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, considera “un primer paso” en la mejora de las condiciones socio-laborales de los funcionarios de prisiones, según ha señalado su portavoz de Interior, Juan Antonio Delgado.

El texto legal de los socialistas ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, dos de los aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso, así como por los antisistema de la CUP.

arolina Telechea, de ERC, ha justificado su voto en contra en que la propuesta no sólo no reconoce las demandas de los trabajadores públicos de los centros penitenciarios sino que además no cree que vaya ir mucho más allá de su toma en consideración.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha defendido que reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones no ayudará a resolver la conflictividad en las cárceles, que ha ido en aumento debido, entre otras cuestiones, a la masificación de estos centros, a la falta de plantilla o de profesionales de la salud mental.

Iñarritu ha hablado del incremento también de las “torturas” y los “abusos” en las cárceles, al igual que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien ha confirmado que no apoyará una reforma “de derechas” y “punitivista” que no va “a la raíz del problema”, que es la desigualdad y la pobreza.

El resto de grupos han dado su visto bueno a la tramitación de una reforma pero entre críticas al PSOE, al que han echado en cara que hasta ahora hayan rechazado todas las iniciativas similares presentadas en esta legislatura y en el pasado por partidos como el PP, Ciudadanos o Vox.

Así lo ha verbalizado, entre otros, la portavoz ‘popular’ de Interior, Ana Vázquez, quien ha apoyado la proposición porque considera que es “necesaria” aunque “insuficiente”. Ahora bien, ha dedicado su intervención a cargar contra el Ministerio del Interior, al que ha acusado de importarles más los presos de ETA que los funcionarios de prisiones y de “utilizar” la política penitenciaria como “moneda de cambio”.

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