APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Los funcionarios de prisiones no quieren participar de ninguna de las maneras en la eutanasia del “pistolero de Tarragona”

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La tragedia ocasionada por el vigilante de Securitas, Marin Eugen Subau, más conocido como el pistolero de Tarragona finalizará al menos para él, el próximo martes 23 de agosto, cuando se le aplicará la eutanasia en el Hospital Penitenciario de Terrassa, ello tras una una decisión judicial que reconoce un derecho a una muerte digna.


La asociación de trabajadores penitenciarios APFP remarca que un preso morirá deliberadamente en un centro penitenciario, la primera vez en democracia desde que fue abolida la pena de muerte en nuestra Constitución de 1978.
Como no podía ser de otra manera, sucederá en Cataluña, primera comunidad autónoma a la que le fueron trasferidas las competencias en materia de ejecución penitenciaria en el año 1984. También fue en Cataluña cuando el dos de marzo de 1974 fueron los últimos ejecutados a garrote vil en un centro penitenciario; en concreto Georg Welzel en el CP de Tarragona y Puig Antich en la “Modelo” de Barcelona.


El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya parece estar comprometido a que un centro penitenciario catalán también sea el primero de todo el Estado en aplicar la eutanasia a un interno que está bajo su “custodia” señalan desde esta asociación.

APFP valora acertadamente el reconocimiento del derecho a una muerte digna, como no puede ser de otra manera, pero ésta no debe ocurrir nunca en un centro penitenciario. Esa circunstancia es cruel, inhumana, denigra al moribundo y estigmatiza todo el proceso y a quiénes participan. No hay que olvidar que todo el personal penitenciario, por ley, está obligado a preservar y garantizar la vida e integridad física de todas aquellas personas que están privadas de libertad. “Y cuando decimos todos nos estamos refiriendo a detenidos, presos y penados. Y es por todo ello que ningún profesional penitenciario puede participar, ni de forma indirecta e involuntaria, ni tampoco de forma obligada o voluntaria, en un proceso terminal, que, aunque legal, solo están habilitados para el mismo aquellos profesionales sanitarios que voluntariamente acepten su participación en el mismo”.

APFP exige por razones humanitarias y de dignidad del interno sometido a la custodia del personal penitenciario catalán el traslado urgente a un hospital civil especializado donde se cumpla esta última voluntad del preso y se culmine su derecho a una muerte digna. Y todo ello viene reforzado por la situación personal del interno: es un preso preventivo al que le asiste el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No ha sido condenado. No obstante, esto último no es óbice para justificar de ninguna manera la aplicación de la eutanasia en el interior de un establecimiento penitenciario a los penados condenados por sentencia firme.

Recuerdan el derecho fundamental de los profesionales penitenciarios a su objeción de conciencia a participar en un proceso que culmine con la muerte de una persona. Este derecho nos ampara y recomendamos que se abstengan de colaborar, ni de forma indirecta, en la aplicación de la eutanasia al interno que está bajo su custodia. Y todo ello por dignidad personal, por dignidad profesional como colectivo y, sobre todo, por la dignidad de los internos que se encuentran bajo nuestra custodia, algo que parece ser que han olvidado los máximos responsables en materia penitenciaria de la Administración catalana.

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