APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Los funcionarios de prisiones denuncian en la festividad de su patrona que llevan ’15 años sin mejoras económicas y laborales’

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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia en la víspera del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, que se celebra el 24 de septiembre, que el colectivo lleva «15 años sin mejoras económicas y laborales», y encima se siente «perseguido y humillado públicamente por la propia Administración Penitenciaria y el ministro del Interior».

«Los funcionarios de prisiones no nos merecemos la campaña de desprestigio que han emprendido contra el colectivo, y menos cuando ésta viene de la Administración Penitenciaria y del responsable del Gobierno en el Ministerio del Interior, que son quienes deberían protegernos», declara a Confilegal, Francisco Llamazares, presidente de esta asociación.

«Han sido capaces de vulnerar el Estado de Derecho con los trabajadores penitenciarios, negarnos la presunción de inocencia, criminalizar nuestras actuaciones, condenar a compañeros a prisión por una simple denuncia de un director o de la Subdirección General de Análisis e Inspección, basándose en quejas o declaraciones de internos, sin ninguna prueba ni indicio probatorio de criminalidad», manifiesta.

Y ello, según asegura, «aplicando una política de culpabilidad a sus trabajadores, abusando del régimen disciplinario y aplicando la suspensión provisional de empleo y sueldo como castigo y escarnio para el colectivo». 

«Todo ello es motivo más que suficiente para no tener nada que celebrar en La Merced», afirma Llamazares con gran pesar. Por ello, su asociación no asistirá a los actos preparados con motivo de la patrona de prisiones, en protesta por la «falta de negociación» de sus mejoras económicas y laborales y «del trato que se dispensa al colectivo».

Frente a ello gritan «basta de tiranías y de inculcar el miedo en un Estado de Derecho», «basta ya, señor Ortiz y ministro Marlaska». 

La APFP destaca que «Prisiones la representan los 24.000 hombres y mujeres que ejercen su trabajo con responsabilidad, dedicación y compromiso los 365 días del año, las 24 horas del día». «Los cargos políticos se irán, pero los funcionarios de prisiones, ejemplo de profesionalidad, seguiremos demostrando con nuestros valores cuál es el camino que debe seguir el servicio público penitenciario, degradado durante esta legislatura como nadie podría imaginar», señala Llamazares.

Este sindicato ha solicitado a sus afiliados que se abstengan de participar en los actos previstos por el día de la patrona. Una decisión que considera necesaria ante una situación «insostenible» para los profesionales de Instituciones Penitenciarias, si bien les hubiera gustado acompañar a quienes han sido felicitados y reconocidos por su labor profesional, «muchos de ellos tras 25 años de duro y sacrificado trabajo en beneficio de nuestra sociedad y sin reconocimiento social». 

Las causas que les han llevado a esta situación «son numerosas». «En síntesis, se concretan en la falta de personal en la práctica totalidad de los centros penitenciarios y Centros de Inserción Social (CIS); las promesas incumplidas de reconocimiento económico y profesional como agentes de la autoridad, y el desbarajuste organizativo en la política de personal y la falta de expectativas en nuestra carrera administrativa, con ausencia de reclasificación al grupo B», detalla Llamazares.

Sostiene que no tendrán «nada que celebrar mientras el colectivo penitenciario sufra el olvido de nuestros gobernantes, como viene ocurriendo desde hace más de 15 años, y mientras sufra el desprestigio social a base de criminalizar y poner en duda su labor constitucional de servicio a la sociedad y de máximo respeto a las normas de legalidad de convivencia en el interior de los establecimientos penitenciarios». 

«No somos ni maltratadores ni verdugos por mucho que se empeñen el Sr. Ortiz y el ministro Marlaska. Somos servidores públicos que merecemos respeto a nuestra dignidad y profesión», subraya.

La APFP añade que tampoco hay nada que celebrar el día de La Merced «mientras nuestros gestores penitenciarios y sindicatos que representan al colectivo en las mesas de negociación sigan permitiendo que las agresiones de internos sean el pan nuestro de cada día, con una media de una agresión cada 36 horas, muchas de las cuales quedarán impunes». Una lacra ante la que la APFP reivindica un nuevo régimen sancionador «contundente» para erradicar cualquier tipo de conducta violenta, ya sea ejercida contra funcionarios y/o internos, «imprescindible para un proceso de reinserción conductual y de convivencia en sociedad».

Según este sindicato, el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios (Peafa) «ha servido sólo para ocultar y manipular las cifras de las agresiones, y justificar en muchos casos la Administración que la culpa es de los trabajadores penitenciarios para desprestigiarlos públicamente ante sus justas reivindicaciones».

La APFP advierte que la conflictividad va en aumento en las prisiones y «se produce una media de cinco incidentes regimentales graves cada hora». «Cada día arriesgamos nuestra vida en los distintos centros penitenciarios, mediando en peleas y ajustes de cuentas, apagando fuegos provocados, salvando a internos de sobredosis e intentos de suicidio, para recibir un mísero sueldo que no ha sido actualizado durante 20 años», critica Francisco Llamares.Al menos 7.564 agresiones en España a funcionarios de prisiones desde el 2000 hasta mayo de 2022

Respecto a la denuncia sobre la escasez de personal, precisa que actualmente hay «más de 2.700 plazas sin cubrir en el conjunto de los centros penitenciarios, una media del 15% del total de los puestos respecto a la dotación de efectivos estimada por la Administración».

Según los últimos datos, del pasado mes de junio, faltan 1.701 plazas para el puesto C1; 339 para C1/A2; 342 para A2 y 394 para A1.

También falta personal sanitario penitenciario, según explica, especialmente facultativos (médicos), «con el 67% del total de las plazas vacantes». «Entre 2021 y 2022 se ofertaron 80 y sólo se han cubierto 11», apunta.

SUS REIVINDICACIONES

Desde APFP reivindican «como principio básico de dignidad» un Estatuto propio para prisiones que recoja las peculiaridades del servicio penitenciario. Rechazan «la Ley de Cuerpos, ‘conocida como Ley de cuentos‘, negociada y firmada por los sindicatos de las mesas».

Asimismo, reclaman la consideración de agentes de la autoridad, para que «se refuerce el principio de autoridad que debe regir en el interior del centro para garantizar el buen orden y la convivencia pacífica de la población reclusa». «Trabajamos con personas inadaptadas a las normas sociales», apunta Llamazares.

Este sindicato también reivindica el «derecho al principio de indemnidad» en el cobro de la responsabilidad civil con cargo a la Administración en caso de insolvencia de los internos.

Un marco retributivo propio para prisiones, donde se retribuya «dignamente» esta profesión para todas las áreas funcionales de trabajo; la creación de un plus de turnicidad, como cobra la Policía y que supone unos 120 euros al mes, por realizar servicios de mañana, tarde y noche; y el cobro de los días festivos, domingos y nocturnos son otras de sus exigencias, así como la equiparación salarial con Cataluñaen concepto de complemento específico, «partiendo progresivamente de la reclasificación de centros a una única categoría de centro, creando una productividad mensual en tres tramos en función de la peligrosidad de los internos y otros factores que permitan adecuar ciertas disfunciones en el trabajo a la realidad actual».

Asimismo, pide que se adecúe la productividad por absentismo, por importe de 107 euros mensuales lineales para todos los puestos, a la productividad de los ministerios y «que hoy en día existe para los funcionarios destinados en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y en la entidad estatal Trabaja Penitenciario y Formación para el empleo, conforme a la Instrucción 1/2022, de 11 de julio». En concreto, para el nivel 28 reclama 615 euros al mes; para el 26, 555; para el 24, 440; para los niveles 22 a 20, 405 euros; y para los niveles 18 a 15 un total de 375 euros mensuales.

Todo ello para una jornada de 40 horas semanales, «2 horas y media más de promedio semanal, con respecto a las que actualmente se realizan en los servicios periféricos. Es decir, una compensación económica de entre 405 y 375 euros por trabajar 10 horas más al mes para puestos de niveles 15 a 22, una media de 37 horas y media a 40,5 euros la hora», aclara Francisco Llamazares.

Otra de sus demandas es la adecuación del importe de la productividad por servicios extraordinarios, conocida entre los profesionales como «peonadas», regulada por la Instrucción 11/2019, de 19 de junio, con el mismo importe hora que el que perciben los funcionarios destinados en los servicios centrales, de 37 horas y media a 40,5 euros la hora, en lugar de los actuales 15 euros por hora.

La APFP también reclama una formación universal para todos los trabajadores penitenciarios, «sin cupos y sin exclusiones por centros con cargo a la Administración, a través de una escuela de formación», que permita también conseguir la cualificación necesaria para la reclasificación del Cuerpo de Ayudantes al grupo B.

También es necesaria, según declara, la reclasificación al Grupo B de todos los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes «sin cupos anuales en función de la disponibilidad económica conforme a los presupuestos de la Secretaría General»; la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) a la realidad actual de los centros penitenciarios, garantizándose la cobertura del 100% de las RPT, así como la negociación y adaptación de las ratios de funcionarios por número de internos, expedientes, etcétera, a la realidad actual de los centros con la creación de nuevos puestos como encargados de área mixta».

Además, pide la ampliación con carácter general del número de efectivos de jefes de servicio y jefes de oficina, la adaptación de los horarios de trabajo a la realidad económica actual, con una tasa de variación anual del IPC del mes de agosto que se sitúa en el 10,5% y, evitar gastos en el desplazamiento por la lejanía de los centros.

Por otra parte, reclama para los puestos con horario de lunes a viernes, sin turnicidad, el dos y medio a la semana -tres días libres y dos de trabajo-; y en vigilancia, de forma voluntaria la acumulación de un turno de 24 horas (mañana/tarde/noche) en sus cadencias de horarios tanto para los CIS como para los centros penitenciarios, con la posibilidad de adaptación de sustitución del servicio nocturno por un turno de mañana o adaptación de los horarios de trabajo a todos los funcionarios de segunda actividad, con horarios de lunes a viernes, que de forma voluntaria y con independencia del puesto a desarrollar quieran realizar el dos y medio a la semana.

«En la APFP nos sentimos orgullosos de ser funcionarios de prisiones y de representar a nuestros compañeros, pero, insisto, en el día de la Merced no hay nada que celebrar mientras no sean atendidas nuestras reivindicaciones. No se puede trabajar en estas condiciones de inseguridad y desprotección», sostiene.

La APFP denunció el pasado mes de mayo ante el Defensor del Pueblo la «precaria» situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones y presentó a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, una batería de quejas y reivindicaciones de mejoras normativas y salariales. Este sindicato está a la espera de la respuesta del organismo.

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