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por uno estatuto proprio para prisiones

Funcionarios de prisiones, víctimas del terrorismo de ETA

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Uno de los colectivos profesionales objeto de atentados terroristas por parte de la banda ETA fue el de los funcionarios de prisiones. Son más de dos decenas de miles de trabajadores cuya labor, generalmente, es por completo desconocida por la población española. Es más, series televisivas como Vis a vis, de 2015, proporcionaron una imagen totalmente distorsionada de la naturaleza y realidad de esta profesión tan necesaria como despreciada. En dicha serie española, los funcionarios figuraban provistos de armas de fuego, con capacidad para perseguir a los internos fuera de los centros penitenciarios, con un llamativo uniforme paramilitar… Y los internos, vestidos con llamativos uniformes amarillos. Nada más lejos de la realidad.Pertenecientes durante décadas al Ministerio de Justicia, por un tiempo estos profesionales fueron incorporados al super-Ministerio de Justicia e Interior, para permanecer en este último –Interior– desde que fuera desdoblado finalmente por criterios políticos.El primer funcionario de prisiones asesinado por ETA fue Alfredo Jorge Suar Muro, facultativo en el centro de El Puerto de Santa María, el 14 de octubre de 1983.A partir de 1989, los presos de la banda terrorista ETA serían trasladados para cumplir condena en centros alejados de sus lugares de origen; conforme la política de dispersión desplegada por los sucesivos gobiernos democráticos en su estrategia de debilitamiento de la banda terrorista.Esta decisión fue rápidamente respondida por ETA. De tal modo, Conrada Muñoz Herrera fue asesinada al explosionarle un paquete-bomba dirigido a su hijo, Dionisio Bolívar, funcionario en Salto del Negro, Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de agosto de 1989, en su domicilio de Montillana (Granada). Tenía 55 años. También resultaron heridos su otro hijo y una sobrina.

Poco después, Ángel Jesús Mota fue asesinado a tiros el 13 de marzo de 1990 mientras portaba en brazos a su hijo de cinco meses. Trabajaba en la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria del Centro Penitenciario de Martutene (San Sebastián).El funcionario de prisiones Manuel Pérez Ortega, y tres personas más, fueron asesinados por un paquete bomba en la cárcel de Sevilla-I el 28 de junio de 1991 dirigido a su director Javier Romero Pastor. Las otras víctimas mortales fueron los internos Donato Calzado García Jesús Sánchez Lozano; así como el santanderino Edmundo Pérez Crespo, hermano de un interno, allí desplazado para visitarle.José Ramón Domínguez Burillo sería asesinado el 22 de enero de 1993. Era uno de los educadores de Martutene.El burgalés José Antonio Ortega Lara, trabajador en el centro penitenciario de Logroño, fue secuestrado el 17 de enero de 1997. Permaneció en un zulo durante 532 días, hasta que fue liberado por la Guardia Civil. Sus captores, ya detenidos, callaron en un intento de que falleciera por inanición.

José Antonio Ortega Lara, en compañía de su esposa Domitila, llega a su domicilio después de haber sido liberado por la Guardia Civil tras 532 días de cautiverio
José Antonio Ortega Lara al mes de ser secuestrado por la banda terrorista ETA

También en 1997, Francisco Javier Gómez Elósegui fue asesinado el 11 de marzo en el barrio donostiarra de Gros. Psicólogo, era una de las jóvenes promesas de haberse producido las transferencias penitenciarias, entonces, al Gobierno Vasco. De origen leonés, su mujer procedía de una de las familias de mayor solera nacionalista de Guipúzcoa.Poco después, Juan José Baeza, de 46 años, también funcionario en Martutene, fue tiroteado por terroristas de ETA el 16 de abril de 1997 en las proximidades de su domicilio en Rentería. Milagrosamente salvó la vida pese a que su cuello fue atravesado por una bala. Estaba afiliado al PSOE y UGT.Máximo Casado fue asesinado por ETA el 22 de octubre de 2000 mediante una carga explosiva colocada en los bajos del vehículo en el que se desplazaba desde Vitoria al centro de Nanclares de Oca. Era uno de sus Jefes de Servicios. Un vecino de su comunidad, por delator de la banda, sería detenido por ello.

Sufrieron múltiples sobresaltos, hostilidad en las calles, atentados contra compañeros de trabajo, y las consiguientes alarmas antiterroristas

Estas tristes vicisitudes resumen, en sus trazos más sangrantes, el sufrimiento padecido durante décadas por los funcionarios de prisiones, particularmente los radicados en los tres centros penitenciarios de Vascongadas y en el de Pamplona; así como por quienes allí se desplazaban desde provincias colindantes. Muchos de ellos, a pesar de figurar en las temibles «listas negras» requisadas afortunadamente por la policía, permanecieron en sus lugares de trabajo tan silenciosa como vocacionalmente. Durante esas décadas sufrieron múltiples sobresaltos, hostilidad en las calles, atentados contra compañeros de trabajo, y las consiguientes alarmas antiterroristas durante las que había que cuidar elementales medidas de autoprotección: cambios de recorrido, comprobación de los bajos del vehículo, evitación de rutinas cotidianas (por ejemplo, nada de llevar dos días seguidos a un hijo al mismo parque).Afortunadamente, desde las instituciones públicas se vienen realizando algunas muestras de homenaje y memoria; tanto a nivel estatal-central, como del Gobierno Vasco; quien ha asumido las transferencias penitenciarias recientemente.

No obstante, aún persisten rescoldos de la violencia terrorista. Así, un veterano funcionario de prisiones fue agredido en Pamplona, a plena luz del día y ante la indiferencia o miedo de vecinos y paseantes, cuando transitaba frente a un conocido local concurrido por jóvenes vinculados a la denominada «izquierda abertzale disidente» el 30 de noviembre de 2019 por el barrio de Iturrama. Su autor, un conocido activista con numerosos antecedentes policiales, sería condenado a nueve meses de prisión, dos años de alejamiento de la víctima y otras penas accesorias por Sentencia Nº 108/2021, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, de 3 de mayo. Ni Abogacía del Estado, ni Ministerio Fiscal, ni la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, ni siquiera desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, contactaron jamás con este funcionario para prestarle apoyo de ningún tipo o una muestra de solidaridad. Es posible que todas estas instituciones hayan interiorizado esa expresión de hoy, tan abertzale en origen, de situarse ante un «nuevo escenario político».La mencionada Dirección General de Paz del Gobierno de Navarra tiene como misión, entre otras líneas, las siguientes: «El establecimiento de garantías de no repetición, de modo que las vulneraciones de Derechos Humanos producidas no puedan volver a darse» o «La promoción de una cultura de paz, respeto y convivencia que se anticipe a la aparición de nuevas fracturas sociales entre ciudadanos y ciudadanas de distintas ideologías, credos, creencias o pareceres».Con toda seguridad, los funcionarios de prisiones navarros, o que antaño prestaron servicio en la derruida prisión de Pamplona del barrio de San Juan o en la actual de colina de Santa Lucía, tienen mucho que aportar a las políticas de prevención y memoria citadas; salvo que un nunca deseable sectarismo por parte de estos organismos, termine anegando tan dramático pasado.

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