APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Esta debe ser la hora de los funcionarios de prisiones

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El Ministerio del Interior no ejecuta una política respetuosa con los funcionarios de prisiones a los que constantemente les da la espalda y no reconoce y protege sus derechos.

La legislación que regula el régimen personal de los funcionarios de prisiones se ha quedado obsoleta y no tiene en cuenta las especialidades del trabajo de los cuerpos nacionales de instituciones penitenciarias

El marco normativo de los cuerpos penitenciarios incluidos en los cuerpos generales de la Administración general del Estado es insuficiente.

Por eso, es precisa una nueva organización del personal penitenciario, mucho más específica, atendiendo a sus necesidades y que plasme una correcta seguridad e higiene dentro de sus puestos de trabajo.

En definitiva, hay que recoger las especificidades propias del sector frente al resto de funcionarios de la Administración general.

Para conseguir esta nueva organización es imprescindible impulsar una ley del Estatuto de los funcionarios de instituciones penitenciarias que recoja las singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario.

Una de las reivindicaciones esenciales que toda la sociedad debe apoyar es su reconocimiento como agentes de la autoridad, a todos los efectos legales, pudiendo identificar tal condición por su placa con el número de registro profesional, en procesos administrativos o judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional. 

Así, puede hacerse realidad una demanda de este colectivo profesional reivindicada desde hace años para que la agresión a un funcionario de prisiones se tipifique como un delito de atentado contra la autoridad, lo que supondría mayor castigo para el agresor, además de un factor disuasorio a la hora de agredir al trabajador penitenciario. 

La realidad del trabajo de estos magníficos funcionarios es que cada 36 horas se produce al menos una agresión contra estos profesionales en los distintos centros penitenciarios españoles, según se pone de manifiesto en  las estadísticas anuales que recaba la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Lo único que se le ha ocurrido al ministro Fernando Grande Marlaska, para evitar esta situación tan graveha sido redactar una Circular en la que se niega la presunción de veracidad a los informes de los funcionarios de prisiones, llegando a la absurda conclusión de que estos funcionarios siempre serán presuntamente culpables de maltrato hasta que se demuestre lo contrario.

En dicha circular se llega a decir: «es necesario que se cumplimente el preceptivo parte de lesiones en todos los casos atendidos por el personal sanitario, incluso en la ausencia de lesiones objetivables”, sin exigir ninguna investigación previa que pueda acreditar indicios suficientes de existencia de una conducta contraria a la ley.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Otra cuestión esencial es trabajar por su equiparación salarial con otros colectivos de funcionarios de prisiones autonómicos, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que, a igual trabajo, igual salario.

La jurisprudencia del Alto Tribunal reitera desde hace más de veinte años que no es objetivo ni razonable diferenciar los puestos de trabajo que tengan exactamente el mismo contenido.

Siguiendo esta jurisprudencia se han ido pronunciando las Salas de lo Contencioso-Sdministrativo y los distintos Tribunales Superiores de Justicia, considerando discriminatorio la diferencia retributiva cuando se realizan las mismas funciones.

Por eso, es necesario que la actividad que desarrollan estos funcionarios sea debidamente valorada por el Ministerio, lo que sin duda contribuirá a una adecuada percepción por parte de la ciudadanía.

La recomendación REC-2006 del Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre las reglas penitenciarias europeas del Consejo de Europa, subraya como principio básico, la necesidad de un personal penitenciario motivado, recomendación que supone reconocer a este cuerpo de funcionarios, como cuerpo especializado y respetado.

Ese respeto no ha existido por parte del Ministerio del Interior, lo cual se evidenció durante la pandemia de la COVID-19, donde estos funcionarios no fueron incluidos entre el personal preferente, ni a la hora de dotarles de medios de protección, ni en el momento de la vacunación.

La potenciación de este cuerpo de funcionarios como cuerpo especializado es una condición previa para mejorar la gestión de las cárceles, para conseguir el éxito en la reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad y la reducción del riesgo de radicalización y reincidencia.

Los funcionarios de prisiones integran un cuerpo que trabaja en un medio hostil y que cada día vive situaciones violentas, difíciles y desagradables.

FORMACIÓN

También es muy importante la formación. La población reclusa está en continua evolución, y al igual que los tipos delictivos cambian encontrando nuevas formas de delito, es necesario que los profesionales que atienden a la población reclusa realicen su trabajo con la máxima garantía de seguridad y medios.

Para ello, es necesario que estos funcionarios dispongan de unos conocimientos amplios y diversificados, que sólo será posible acceder a través de planes de formación, tanto inicial como continua, elaborados e impartidos por la propia Administración penitenciaria.

Esta formación ha de abarcar no solamente el análisis de la nueva delincuencia y tipología penal, sino también, la formación continua en materia de defensa personal que garantice su seguridad e integridad física.

Dentro de esta formación debe incluirse la relativa a la protección sanitaria, no sólo de su propia salud sino también la de los internos.

Ya es hora de que el Ministerio de Interior se ponga a trabajar para garantizar la salud laboral, la igualdad salarial, las medidas suficientes de protección, unos buenos planes de formación, la suficiencia de plantillas de estos funcionarios, y, sobre todo, que se actualice su marco normativo.

No debe olvidarse que estos funcionarios están en primera línea trabajando por el Estado de Derecho y la reinserción de las personas privadas de libertad, cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

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