APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Escándalo en la prisión de Villena | Solicitan una investigación que identifique a los autores de la filtración de los vídeos a la prensa ante la comisión de posibles delitos de revelación de secretos

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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, APFP, ha solicitado este lunes y por escrito a Doña Isabel Goicoechea Aranguren, Subsecretaria de Interior la apertura de investigación y depuración de responsabilidad de la persona o personas que han filtrado a los medios de comunicación el video de la intervención de los funcionarios del departamento de aislamiento del Centro Penitenciario de Alicante II (Villena) ante la agresión sufrida por parte de un interno del centro el pasado 16 de agosto del presente año.

En el escrito suscrito por el presidente nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones esta organización expone que el pasado día 6 de septiembre tienen conocimiento de que en el centro penitenciario de Alicante 2 (Villena) se había producido una agresión a una funcionaria del centro, recayendo esta agresión en la persona de la subdirectora de seguridad, en la puerta de su domicilio a manos de 5 o 6 encapuchados.

Según las primeras noticias que se dieron a conocer, presuntamente podrían ser funcionarios de ese mismo centro, según fuentes penitenciarias indeterminadas, por lo que este sindicato, desde la primera información, envía y publica un comunicado de apoyo a la mencionada Subdirectora, condenando sin paliativos esta cobarde agresión independientemente del cargo que ocupe y solicita la realización de la correspondiente investigación para poder detener y juzgar a los responsables.

Indican en su exposición que las cámaras de los centros penitenciarios graban 24 horas todo tipo de incidentes, sean regimentales o no, de cualquier unidad o dependencia de un centro penitenciario sobre cualquier suceso por parte de los internos del centro y/o actuación por parte de los profesionales penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

En APFP inquieta que los hechos ocurridos el 16 de agosto en el departamento de Aislamiento del centro penitenciario de Alicante II hayan sido filtrados a los medios de comunicación para generar en la opinión pública una imagen de represión y/o maltrato de los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, cuando las mismas deben ser guardadas y custodiadas por parte de la subdirección de seguridad y conocimiento de la Dirección del centro, siendo posteriormente trasladadas a la Secretaria General a la Subdirección General de Análisis e Inspección para su visionado e iniciar las actuaciones correspondientes en su caso, si hubiera lugar, a través de la vía penal o administrativa.

Este caso, sorprende que las mencionadas imágenes se hayan filtrado a distintos medios de comunicación, introduciendo información sesgada y manipulada que no corresponden con la realidad, como que el interno es un enfermo mental, ya que si fuera enfermo mental, no estaría cumpliendo pena en un centro penitenciario, clasificado en primer grado y ubicado en el departamento de aislamiento, clasificación que se realiza por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en virtud de la propuesta de la Junta de Tratamiento, presidida por el Director del Centro Penitenciario, a no ser que sea un error de la Administración Penitenciaria dicha clasificación.

Estas informaciones no ajustadas a la realidad junto con las imágenes que se proyectan de un momento concreto sin aportar todo lo ocurrido anteriormente de los hechos es lo que provoca que se distorsione la realidad, y solo se centre en el momento concreto de la intervención ajustada a derecho de los funcionarios.

APFP da cuenta de los antecedentes que da origen a la petición de investigación

Todo lo que expone esta organización tiene su origen en la información aparecida en el diario LEVANTE-EMV, el día 7 de septiembre de 2021, con el titular de cabecera “Seis encapuchados golpean a la subdirectora de la cárcel de Villena a la salida de su casa”.

La funcionaria fue rodeada, atacada y amenazada un día antes de que declarase en una investigación abierta contra tres funcionarios por la agresión a un interno con enfermedad mental” y con hora de publicación 10:40 horas siendo posteriormente actualizada a las 11:37 horas. Todo ello, en relación a la subdirectora de seguridad del centro penitenciario de Villena (Alicante II) y, al parecer, en relación con la apertura de un expediente disciplinario por la actuación de tres funcionarios en la reducción de un interno el pasado 16 de agosto en el módulo de aislamiento del referido establecimiento.

Posteriormente, una vez se hizo pública la noticia, distintos medios de comunicación, agencias de prensa, cadenas de televisión, etc. procedieron a la divulgación y reproducción de las imágenes.

Consideran desde APFP necesario aclarar que su petición deja fuera todas aquellas actuaciones que actualmente se vienen investigando tanto desde la Subdirección De Análisis e Inspección de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que se han participado a Fiscalía, o procedimientos de diligencias que se encuentren instruyendo en los Juzgados de Villena o donde corresponda, en relación a los hechos ocurridos los días 16 de agosto y 6 de septiembre de 2021.

No pretenden distorsionar ni ser parte en las actuaciones llevadas a cabo ni valorar las mismas, confiando en que el estado de derecho prevalezca, como su adecuada resolución.

Así, con la aparición en el diario LEVANTE-EMV, y posteriores medios de comunicación difundiendo las imágenes de los hechos ocurridos en el departamento de aislamiento, se hace necesario investigar al responsable o responsables de la filtración a la prensa de los datos que se hayan en proceso de investigación, tanto por la administración penitenciaria como por la Fiscalía, así como de las imágenes grabadas por el sistema de grabación del centro penitenciario de Villena (Alicante II), el pasado 16 de agosto en el módulo de aislamiento del referido establecimiento.

Consideraciones muy graves expuestas por APFP

El artículo de prensa titulado “Seis encapuchados golpean a la subdirectora de la cárcel de Villena a la salida de su casa”, presenta indicios racionales bastantes para sospechar que está redactado a partir de la información y la documentación obrante en el expediente que desde la Subdirección General de Análisis e Inspección se lleva a cabo.

Es lógico, por tanto, sospechar que está redactado a partir de la información facilitada a los medios de comunicación, al redactor del artículo o a persona relacionada por personal de Instituciones Penitenciarias con autorización de acceso al mismo. En la descripción de los hechos más significativo resulta aún el entrecomillado que, como sabemos, significa transcripción literal.

Existiendo indicios mas que suficientes para considerar que se han podido producir filtraciones de las actuaciones que exclusivamente estaban en poder de la administración penitenciaria al no haber sido motivo de traslado a otros órganos para continuar su fase de instrucción e investigación y, por tanto, no trascendía fuera del ámbito de Instituciones Penitenciarias.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 31 de octubre).

Las reglas y los principios establecidos en el RD Legislativo 5/2015 informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Consideran desde este sindicato hacer de todo ello una especial mención a “Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público”.

“Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

La publicación y visionado de las imágenes de video de forma sesgada y fuera de contexto han dañado gravemente la imagen del trabajo del conjunto de los trabajadores penitenciarios, lo que ha supuesto a nuestro entender un daño público irreparable y comprensión de nuestro papel social como empleados públicos de un servicio esencial para nuestra sociedad, lo que en la práctica se puede traducir en un retroceso para lograr la legitimidad y respeto de sus actuaciones diarias.

Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) reiteran el compromiso que los empleados públicos penitenciarios tienen con la sociedad, asumiendo sus responsabilidades con los ciudadanos y la sociedad. Creen que la transparencia de su gestión es fundamental para conseguir un mayor apoyo social pero lo vivido estos días supera los límites legales.

La irresponsabilidad de nuestra propia Administración es del todo intolerable, si se hacen eco de la noticia de prensa de EL PAÍS del día 9 de septiembre, que basa su información en que “Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vinculan esta agresión con la investigación interna abierta en la prisión sobre la supuesta paliza que sufrió un interno a manos de tres funcionarios”, dando una visión distorsionada y muy lejos de la realidad como si el colectivo penitenciario actuara como una mafia, sin tener en cuenta la presunción de inocencia que debe regir en todo procedimiento legal.

En base a todo ello, solicitan una remodelación de todo el equipo de los responsables que actualmente se encuentran al frente de Instituciones Penitenciarias, para reconstruir el prestigio de los profesionales penitenciarios, que como servidores públicos esenciales y devolver la imagen pública que nuestra institución se merece a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines previstos constitucionalmente.

Que en vista del daño irreparable que se esta ocasionando, directa e indirectamente, sobre la totalidad del colectivo penitenciario, es necesario y urgente se abra un información reservada para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar en su caso sobre los encargados de la custodia, la tramitación y gestión de la información por los hechos ocurridos el pasado día 16 de agosto en el departamento de aislamiento, cuyo video se ha filtrado a los medios de comunicación, y sobre los hechos ocurrido el 6 de septiembre a la trabajadora del centro, además de las declaraciones realizadas por altos cargos de Instituciones Penitenciarias en las que textualmente afirman “Antes nos amenazaba ETA y ahora nos amenazan nuestros funcionarios”, teniendo en cuenta que funcionarios de prisiones han fallecido por la barbarie terrorista, estas declaraciones insultan e imputan un delito al colectivo de trabajadores penitenciarios, ignorando la presunción de inocencia, declaraciones que deben tener responsabilidad disciplinaria por su gravedad.

En vista que la difusión del video a los medios de comunicación pudiera ser constitutivos de un posible delito de revelación de secretos, previsto y penado en los artículos 199.2 del Código Penal, una vez se proceda a la realización de la información solicitada se de traslado al Ministerio Fiscal.

Se traslade a la Agencia de Protección de Datos la filtración de las imágenes del video grabado por el sistema de videovigilancia del pasado 16 de agosto, y que han sido difundido libremente por distintos medios de comunicación y redes sociales, para depurar las posibles responsabilidades que pudieran haberse producido durante su custodia. Asimismo, se valore la posibilidad de que un mando de un centro, con independencia de que asuma la función de custodia, si puede o no llevar en su dispositivo particular del teléfono móvil los videos del centro fuera del recinto penitenciario.

Así mismo se tome en consideración la falta de un programa de Gobierno para Instituciones
Penitenciarias, con programas de intervención que modernicen la Institución a la realidad social y profesional que estamos viviendo diariamente, unido a los problemas laborales que los trabajadores penitenciarios llevamos años reclamando como la equiparación salarial con los funcionarios de Prisiones de Cataluña, como ha ocurrido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el reconocimiento de la condición como agentes de Autoridad en el ejercicio de sus funciones o la remodelación del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias con el pase al Grupo B de la Administración General del Estado, la creación de un Estatuto Propio para Prisiones, o la falta de un plan de formación universal y permanente para todos los trabajadores penitenciarios, y cubrir el déficit de funcionarios al no estar cubiertas las RPT,s de los centros.

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