APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Cinco funcionarios agredidos por un recluso en la cárcel Tenerife II

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Los afectados fueron el subdirector de seguridad del centro penitenciario, el jefe de servicio y tres funcionarios más, según explicaron las fuentes consultadas.

El presunto autor del ataque es un interno calificado como conflictivo y peligroso, con un amplio historial de antecedentes por incumplir el régimen penitenciario y de lesiones al personal.

Los hechos ocurrieron en el departamento de ingresos-aislamiento y las víctimas recibieron diferentes golpes y cortes, en base a los primeros datos que han trascendido.

El episodio violento ha sido confirmado por las organizaciones sindicales Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

La APFP explica que el presunto autor del suceso es un preso que “ya había sido partícipe de otros altercados graves y se encontraba en un régimen de vida penitenciario con las limitaciones y medidas de protección personal que establece el artículo 75.1 del Real Decreto 190/1996, que nos señala que los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y el buen orden de los establecimientos, así como las que aconsejen su tratamiento o las que provengan de su grado de clasificación”.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones denuncia “las continuas agresiones que padecemos los funcionarios de los centros penitenciarios, debido a la insuficiencia de recursos, tanto personales como materiales, que dificultan la compleja y peligrosa labor que cada día realizamos”.

Este sindicato afirma que empezó a denunciar hace varios meses en Tenerife II “el hacinamiento de los módulos residenciales y la falta de toma de una decisión por parte de la Dirección en cuanto a un régimen de separación interior claro y en base a criterios legalmente establecidos”.

APFP indica que existe incertidumbre a la hora de adoptar esta medida. El régimen de separación interior consiste en que los reclusos estén en módulos diferentes, en base a si se trata de preventivos (los que están pendientes de juicio); condenados ya reincidentes, así como en otro departamento de observación para analizar la conducta de los que salen de aislamiento, por ejemplo.

Y esta asociación también critica la poca celeridad en los procedimientos de conducciones masivas a otros centros penitenciarios.

En la misma línea se expresa el CSIF. En un escrito remitido a la Dirección de la cárcel después de unos sucesos ocurridos en el Módulo 3, dicha organización sindical solicitó: “una conducción urgente de un número significativo de internos de los muchos que carecen de arraigo familiar en la provincia” de Santa Cruz de Tenerife.

El pasado mes, CSIF también advirtió en otro texto dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del “elevado número de internos que residen durante largas temporadas en el módulo destinado a régimen cerrado” de Tenerife II, “a pesar de que dicho módulo no reúne las condiciones de seguridad pertinentes y que el servicio en el mismo no se compense como en otros centros penitenciarios con la productividad correspondiente”.

Fuentes de la APFP critican al Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues “quieren evitar a toda costa la clasificación en primer grado de muchos internos merecedores de ello, como es el caso que nos ocupa, y, al final, después de muchos incidentes, hoy ha agredido a cuatro compañeros, a los que deseamos una pronta recuperación”. “El problema lo tenemos en casa“, indica la misma persona.

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