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Así son las cárceles de Urkullu: “Estamos sumidos en el caos, al límite y ante una cascada de dimisiones”

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El ‘modelo penitenciario vasco’ es un “caos” organizativo mayúsculo que, según trabajadores y delegados sindicales de la prisión de Zaballa, ya está perjudicando las condiciones tanto para los funcionarios como para los propios internos. La plantilla transferida el pasado 1 de octubre y los 65 nuevos trabajadores que se acogieron al concurso de traslado están hartos de la “precariedad” por falta de personal, de los “bandazos” en las decisiones del departamento de Beatriz Artolazabal y de la desigualdad en las condiciones laborales de los funcionarios incorporados a finales de marzo. Además, ratifican, como adelantó EL MUNDO, la “cascada de dimisiones” en puestos claves de los centros penitenciarios vascos.

Una treintena de funcionarios de Zaballa ha descrito la realidad de las prisiones vascas, transferidas el pasado 1 de octubre al Gobierno de Urkullu tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y Pedro Sánchez en la investidura del presidente socialista en 2018. El denominado ‘modelo penitenciario vasco’ es un “caos” en la gestión de su plantilla, la base del trabajo en estos centros y que nunca ha sido una prioridad para el Gobierno vasco como se constató durante la negociación de la transferencia por parte de la consejera Olatz Garamendi.

Los portavoces de los trabajadores de prisiones han descrito las penurias organizativas del conjunto de las cárceles vascas pero, de forma concreta, de la situación del centro de Zaballa, el más moderno ya que fue inaugurado en 2012. “El número de trabajadores es el que se estableció en la relación de puestos de trabajo (RPT) para la vieja cárcel de Nanclares cuando aquí hay cuatro módulos más”, han advertido los trabajadores en declaraciones ante los medios junto a la entrada de la prisión. Los funcionarios advierten que la plantilla actual estaba planificada para atender a 400 presos y ya hay más de 800 en Zaballa, 180 presos más que los que había en mayo de 2021, según sus cálculos.

Una denuncia pública condicionada por la dirección de Zaballa que ha impedido a los medios acceder hasta la entrada del centro penitenciario y que ha ordenado a la Ertzaintza desalojar a los periodistas del lugar concediéndoles 10 minutos para conocer de primera mano qué sucede en Zaballa. Los agentes de la Ertzaintza han trasladado las órdenes recibidas solicitando con exquisita educación a cámaras, fotógrafos y redactores que abandonaran la zona de acceso a la cárcel.

¿Qué molesta a la dirección de Zaballa para impedir el acceso de los medios tan solo después de estrenar un publirreportaje de EiTB sobre la “realidad de las prisiones vascas”? Los trabajadores y delegados de cinco centrales sindicales -todas excepto ACIP-UGT- señalan directamente al equipo de Artolazabal de generar este “caos” y se preguntan qué conocimiento sobre la realidad del trabajo penitenciario tienen acreditada. “Cada vez más cambios sin orden ni concierto continuos bandazos de los dirigentes”, han subrayado en un manifiesto. Porque a la falta de personal y de medios materiales, el Gobierno vasco ha respondido con el pago de jornadas extra o ‘peonadas’ sin concretar cuándo se aprobará la prometida relación de puestos de trabajo.

“Seguimos sin noticias de la negociación, del aumento de plantillas, sin tener en cuenta necesidades del personal y de los internos”, lamentan los trabajadores de las prisiones vascas que esperaban tras la transferencia que las promesas del Gobierno de Urkullu se hicieran realidad. Siete meses y medio después del diagnóstico es demoledor: “el sistema no sólo no ha mejorado sino medios de trabajo cada vez más precarios, más escasos e inadecuados. la falta de personal cada vez es más grave, la improvisación más sangrante”.

Una improvisación que se refleja en dos decisiones que han elevado el hastío de un colectivo que fue objetivo de ETA durante décadas y que cada día trabaja con reclusos que arrastran graves problemas para cumplir sus penas y llevar a cabo un complejo proceso de resocialización. Los trabajadores de prisiones reclaman “igualdad” en las condiciones de trabajo de todos los funcionarios ya que los 65 técnicos incorporados en el último concurso de traslado cobran hasta 500 euros al mes menos y no disfrutan de los 16 días de descanso psicológico que sí tienen reconocidos sus compañeros transferidos el 1 de octubre de 2021. “En Zaballa uno de cada cuatro funcionarios, 45 en total, están en peores condiciones que el resto realizando el mismo trabajo; estamos unidos pero el clima [laboral] cada vez es peor”, han manifestado los concrentrados.

Medio centenar (54) de estos funcionarios recién transferidos ya han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una vulneración del derecho de igualdad por la “discriminación” que sufren tras los acuerdos suscritos por el Gobierno de Urkullu con ACAIP-UGT. Los trabajadores han solicitado las condiciones pactadas pero no han logrado que la responsable de la gestión del personal penitenciario Arantza Collado les facilite esta información, como consta en el recurso presentado por el despacho de abogados que representa a este colectivo.

El segundo ejemplo del “caos” que condiciona el servicio que prestan los funcionarios de prisiones vascos es la puesta en marcha de una bolsa de trabajo para 60 plazas de interinos con los que la consejera Artolazabal intenta parchear la falta de personal en los tres centros penitenciarios. Una carencia de medios humanos que se ha visto agravada tras el concurso de traslados (se han ido más funcionarios que los que han pedido plaza en Euskadi) y por las últimas jubilaciones. El Gobierno de Urkullu activó el pasado mes de marzo un controvertido procedimiento para contratar a los primeros funcionarios de prisiones seleccionados y formados por el Ejecutivo vasco para, sin dar explicaciones públicas, congelar esta medida.

“Serían un tercer colectivo”, constatan los trabajadores de Zaballa ya que tendrían también condiciones de trabajo distintas a los transferidos en octubre de 2021y a los incorporados tras el concurso de traslados de marzo de este año. “Serán personas que viene de la calle cuando nosotros realizamos año y medio de prácticas y con anterioridad tenemos que presentarnos a un examen con un año o dos de preparación”, subrayan los funcionarios ante la intención del Gobierno de Urkullu de incorporar a 60 trabajadores interinos con una formación ‘exprés’ de 10 días tras un proceso selectivo. “Necesitamos que se ponga en valor nuestro trabajo”, reclaman los funcionarios mientras en el Parlamento Vasco el grupo PP+C’s también ha advertido de la “situación caótica” provocada por la consejera Artolazabal en las cárceles vascas.

El parlamentario Luis Gordillo ha denunciado el “oscurantismo mayúsculo que está envolviendo su gestión al frente de las cárceles vascas” incluyendo la dimisión de la directora de la cárcel de Martutene Marian Moreno, de la responsable de personal Arantza Collado y de responsables de las prisiones de Zaballa y de Basauri. Cinco peticiones de abandono constatadas por los trabajadores de la cárcel alavesa durante su concentración de hoy y que evidencian “la confusión, el lío y el barullo” que está provocando la gestión de la consejera Artolazabal en las prisiones vascas.

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