APFP considera que este tipo de ordenes criminaliza sin ningún tipo de pruebas a los trabajadores/as penitenciarios que desarrollan su trabajo con gran profesionalidad, incluso con grave riesgo para su vida, lo que dificulta todavía más ya de por sí su difícil labor en el interior de los centros penitenciarios. Si a todo ello le sumamos que a diciembre de 2020 existen 3.692 puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo RPT de la SGIIP, con medios materiales obsoletos e inadecuados, etcétera.
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