La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, denuncia la situación actual del Centro Penitenciario de Tenerife II, con la suspensión del periodo de prácticas a una médica del centro. Desde la sección sindical de APFP en Tenerife lo consideramos como un acto insólito e injustificado en el ámbito de la sanidad penitenciaria: la suspensión de la fase de prácticas de una médica del centro penitenciario, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La facultativa afectada no es una recién llegada a la institución.
Acumula una trayectoria de cinco años de servicio como médica interina en este mismo centro penitenciario, periodo en el que ha desarrollado su labor asistencial de manera continuada y sin tacha previa. Tras aprobar la fase teórica del proceso selectivo y durante el periodo reglamentario de prácticas, el centro penitenciario le ha otorgado una calificación negativa que invalida este último paso del proceso lectivo, impidiéndole tomar posesión definitiva de su plaza. Alberto Rodríguez, delegado de APFP en el centro penitenciario de Tenerife II, señala la arbitrariedad de la decisión. “Resulta incomprensible y carente de toda lógica que una profesional que ha estado velando por la salud de los internos durante cinco años como interina pase de ser perfectamente válida para el servicio diario a ser suspendida de forma repentina tras aprobar la oposición, sin aportar argumentos claros ni motivos objetivos que respalden semejante medida” y puede que la decisión podría estar relacionada con desavenencias de carácter personal o profesional con la dirección del centro.
La relación de puestos de trabajo en este centro tiene un déficit de 25 trabajadores y en el área sanitaria de 8 médicos. Actualmente sólo hay un médico interino y la Subdirectora Médica para atender a la población reclusa del centro penitenciario. Esta situación genera una profunda preocupación en la plantilla y desconfianza hacia los puestos directivos del centro penitenciario. APFP exige a la Dirección del centro y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una revisión inmediata de esta evaluación, la aclaración de los criterios utilizados para dicha calificación negativa y que se garanticen los derechos de la trabajadora frente a decisiones que consideran arbitrarias. Asimismo, confirman que prestarán todo el apoyo sindical y legal necesario a la compañera para revertir esta situación.
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