Maslaska permite las visitas a los presos etarras en pleno estado de alarma

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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha remitido una queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en protesta por las visitas a presos etarras pese a los cierres perimetrales en la mayoría de comunidades autónomas, que impiden los desplazamientos al resto de ciudadanos.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los funcionarios califican de «incomprensible» que por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «se sigan facilitando citas a los familiares cuando está restringida la movilidad entre municipios, provincias y comunidades autónomas para evitar el contagio masivo del Covid-19» y «se dé un “salvoconducto” para los familiares de los internos cuando la ciudadanía en general no puede salir de su municipio».

«Por ejemplo, tenemos familiares de presos de la banda terrorista ETA que viven en el País Vasco desplazándose a Andalucía o a Murcia, con lo que pueden transmitir el virus entre comunidades por exposición o por ser asintomáticos al personal penitenciario y estos a los internos bajo su custodia y a sus propios familiares», añaden.

 

Recuerdan, asimismo, que el pasado 6 de noviembre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió un escrito a los directores de los centros penitenciarios en el que, como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia, quedaban «restringidas las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo, salvo en los centros penitenciarios de Ourense, Madrid V y León», donde están suspendidas.

Por ello, concluyen solicitando «la inmediata suspensión de las comunicaciones ordinarias en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».

 

Instrucciones a la Ertzaintza

Como publicó OKDIARIO, desde el Gobierno vasco se dieron también instrucciones a la Ertzaintza para permitir los desplazamientos de familiares de miembros de ETA a otras comunidades autónomas. Sin embargo, las mismas normas impedían, por ejemplo, las visitas a familiares dependientes fuera del municipio de residencia.

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