APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

Interior reconoce que ha habido falta de suministros anti-Covid en las cárceles durante 6 meses

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El pasado 15 de mayo, dos meses después de que el Gobierno de España decretara el estado de alarma, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, firmó una orden declarando la emergencia para “la contratación de diversos suministros necesarios para proteger de posibles exposiciones al personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los Centros Penitenciarios dependientes de ella, así como de las personas privadas de libertad con motivo de la propagación del denominado coronavirus (Covid-19), por un importe de 1.500.000 euros, contemplándose entre dichos suministros la adquisición mascarillas quirúrgicas y FFP2.”. La preocupación por el Covid había llegado a las cárceles españolas.

El gasto y la urgencia estaban de sobra justificados para atender a una institución que, sólo en lo que a población reclusa se refiere, tiene que atender a más de 50.000 personas. Pero esa resolución de emergencia tuvo que modificarse cinco meses después. ¿Por qué? Porque las cárceles se estaban quedando sin suministros de protección ante el Covid-19 lo que, sumado a la ausencia de realización de test a los funcionarios, ha convertido a las prisiones españolas en un foco de contagios sin freno. La explicación se encuentra en la documentación obtenida por OKDIARIO y firmada el 29 de octubre de este año.

En esa fecha, la citada documentación, concretamente la modificación de la declaración de emergencia, explicaba el desglose del gasto del millón y medio de euros dedicados a los suministros para hacer frente al Covid: 960.000 euros para mascarillas, 150.000 euros para guantes de protección, 252.000 euros dedicados a envases de gel hidroalcohólico y 138.000 euros más para pruebas diagnósticas. Lo sorprendente es que en el mismo documento se especifica qué se había adquirido hasta esa fecha, prácticamente a principios del mes pasado: las mascarillas y los geles. Ni los guantes ni los tests, lo que suponía dejar sin ejecutar casi 300.000 euros de gasto para protección contra el Covid. ¿Por qué? Según los responsables de Planificación de las cárceles españolas porque, pese a que pidieron de todo (a saber, mascarillas, guantes, gel, batas y gafas de protección) al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubo un problema burocrático y el pedido nunca llegó. ¿Cuánto tardó Instituciones en reaccionar? Cinco meses. Y la solución fue usar un dinero comprometido para guantes y test en comprar mascarillas que han empezado a llegar a las cárceles seis meses después de que se declarara la situación de emergencia.

La explicación textual aparece así en la documentación oficial, desgranada y con sus convenientes excusas: “Tras pasar más de 5 meses desde la solicitud planteada a INGESA sin que a priori exista una fecha próxima de adjudicación y, por lo tanto, encontrarse en un momento indeterminado la posibilidad de efectuar contratos derivados, es el motivo que conlleva a esta Administración a proponer la utilización de los fondos librados por la Dirección General del Tesoro procedente de la declaración de emergencia, no sin olvidar, que la citada demora en la adquisición de los suministros no es una cuestión imputable a esta Administración que ha actuado de manera diligente solicitando su incorporación en la compra centralizada de suministro”.

Más de cuatro millones de mascarillas

Los fondos a los que hace alusión el texto son esos casi 300.000 euros no ejecutados, concretamente 288.621,28 euros, que ahora aparecen en un contrato entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con una empresa con domicilio social en Madrid, en virtud del cual la empresa se compromete a fabricar y entregar 4.123.162 mascarillas quirúrgicas IIR de “alta protección”. La empresa se comprometió con Instituciones Penitenciarias a cuatro plazos de entrega: medio millón de mascarillas el día 16 de noviembre, un millón y medio el 30 del mismo mes, otras 500.000 el 15 de diciembre y el resto, 1.623.161 el 22 de diciembre. Con este contrato en la mano se demuestra que Interior ha tardado en resolver un problema de suministro de medidas de protección ante el Covid más de seis meses, pero hay más conclusiones muy preocupantes.

El dinero empleado para este contrato era el comprometido en origen para adquirir guantes y test de detección de contagios tras contactos estrechos. Por eso tipo de contactos Prisiones entiende estar por espacio de 15 minutos cerca de un recluso sin mascarillas. Los funcionarios de prisiones han explicado a OKDIARIO que si algo han echado de menos precisamente durante la pandemia ha sido la práctica de pruebas diagnósticas de detección de Covid. De hecho, han mostrado a este diario los correos en los que las mutuas advierten que no se los van a hacer.

Otra de las conclusiones nos lleva a aquel pedido centralizado de material que se frustró y al que Instituciones Penitenciarias culpa de esta situación actual. ¿Qué pasó con las batas impermeables y las gafas de protección de aquel pedido? Fuentes penitenciarias aseguran a este diario que si esos medios de protección contra el Covid llegaron a las cárceles ningún funcionario las ha visto.

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